El gobierno español planea introducir normas más estrictas sobre agua, energía y ciberseguridad para los centros de datos tras la avalancha de proyectos en el país, según fuentes gubernamentales.
Según han indicado, los nuevos requisitos están incluidos en un proyecto de decreto que se someterá a consulta pública esta semana.
Gracias a su abundante energía renovable y a sus vastas extensiones de terreno sin urbanizar, España se ha convertido en uno de los centros neurálgicos más atractivos de Europa, atrayendo proyectos vinculados a infraestructuras de inteligencia artificial por valor de decenas de miles de millones de euros.
Según las fuentes, la gran cantidad de proyectos permite al país elegir los mejores y más eficientes en términos de sostenibilidad y ciberseguridad, y ese es el objetivo de las próximas normas.
Según el proyecto de decreto, los operadores de centros de datos deben estar establecidos en la Unión Europea y los datos y metadatos que gestionan deben permanecer en la UE, con mecanismos para controlar el acceso desde terceros países y disposiciones más estrictas para las instalaciones que gestionan datos de entidades públicas o vinculados a la seguridad nacional.
Según las fuentes, los requisitos propuestos de agua y energía se ajustarán al nivel más alto de eficiencia previsto por una etiqueta de sostenibilidad para centros de datos en la que está trabajando la UE.
El gobierno también planea aplicar normas sobre energías renovables a los centros de datos, similares a las que ya existen para el hidrógeno verde.
Las energías renovables deberán cubrir al menos el 80 % de su suministro energético por cada hora de funcionamiento. Cada nuevo megavatio de energía consumida deberá ser compensado con un nuevo megavatio de energía renovable instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha de la instalación. Esto puede lograrse mediante contratos a largo plazo o instalaciones energéticas locales.
Según las autoridades, el incumplimiento de estas normas conllevará sanciones que pueden llegar hasta la pérdida del derecho a conectarse a la red eléctrica.
Las normas se aplicarán a las instalaciones con una capacidad de potencia superior a un megavatio que aún no estén conectadas a la red eléctrica. Los proyectos que ya se encuentren en proceso de obtención de permisos dispondrán de seis meses para cumplir con los requisitos o perderán su derecho a la conexión a la red sin sanciones.
Fuente: reuters
